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Fallecidos
Aunque según la información publicada en la revista Brisas el número de fallecidos de la Explosión de Cádiz de 1947 se elevó oficialmente a 152, un estudio exhaustivo permite reducir esa cifra a 150 víctimas mortales directas, a las que cabría sumar aquellas personas que años después pudieran haber visto acortada su vida a consecuencia de las secuelas que les produjo la catástrofe. De los 150 fallecidos, 148 tienen nombres y apellidos, mientras que existen otros 2 nunca fueron identificados ni reclamados por nadie, si bien hay certeza absoluta de que fueron igualmente víctimas del trágico episodio: uno de ellos es un varón adulto y el otro, un párvulo. Al no reconocerse responsabilidad alguna por parte del Estado, sus familiares nunca fueron indemnizados. Las autoridades de la época ordenaron destruir todas las fotos efectuadas sobre los cadáveres, así como los clichés. Solo se libró de la destrucción una de ellas, conservada en el Archivo Histórico Municipal de Cádiz. Exponemos aquí lo poco que hemos podido recopilar de aportaciones procedentes de familiares y descendientes, a fin de perpetuar su recuerdo.
Efectos de la Explosión
La Explosión de Cádiz provocó la destrucción total de la barriada de San Severiano, los astilleros de Echevarrieta y Larrinaga, y la propia Base de Defensas Submarinas. Los daños generalizados en la ciudad fueron cuantiosos y fue la Dirección General de Regiones Devastadas la que se hizo cargo de una reconstrucción que se prolongó hasta principios de la década de 1960-1970. Para contribuir a las necesidades de los damnificados se creó a nivel nacional la Comisión Pro-Damnificados, presidida por el gobernador civil Carlos María Rodríguez de Valcárcel, que consiguió en donativos la cantidad de 16.987.680,90 de pesetas, el equivalente a 102.096 € actuales. Las indemnizaciones que debían corresponderles de haber asumido el Estado las pertinentes responsabilidades se permutaron por simples donativos que en modo alguno compensaron las pérdidas, especialmente las de vidas humanas. El general Varela, actuando por su cuenta y al margen del Gobierno, recaudó adicionalmente 1.187.560,20 pesetas (7.137,2 €) que fueron destinados en su totalidad a la construcción del grupo de viviendas que lleva su nombre.
Ayuda humanitaria de Cataluña
Cataluña fue una de las regiones de España desde donde se enviaron recursos de ayuda humanitaria para los damnificados de Cádiz. En estas imágenes, las autoridades locales se encargan de organizar el transporte de alimentos y artículos de primera necesidad en al menos un viaje que partió del puerto de Barcelona a bordo de la motonave Ebro, propiedad de la naviera gaditana Martínez de Pinillos.
Polvorines del Rancho de la Bola
Las gestiones para el traslado del depósito de armas submarinas acumuladas en Cádiz entre 1942 y 1944 se iniciaron en 1944 con la expropiación de unos terrenos en el Rancho de la Bola, situado en Jerez de la Frontera, al objeto de alejar el peligro de cualquier casco urbano. Aunque aún no había terminado la segunda guerra mundial, el temor a un posible desembarco aliado en las costas del Golfo de Cádiz se había disipado por completo tras el desembarco en las playas de Sicilia en julio de 1943. El proyecto contemplaba la construcción de 6 almacenes de superficie con capacidad para albergar unas 1.000 minas cada uno ―6.000 minas en total―, 4 almacenes subterráneos para minas de reserva con espacio total para 3.000 minas, otros 6 almacenes subterráneos para cargas y explosivos de 300 torpedos, almacenes con capacidad para guardar otras 500 cargas de profundidad y almacenes para 500 cabezas de torpedo. Del ambicioso proyecto solo se convirtió en realidad la construcción de 3 almacenes de superficie y otros 5 almacenes subterráneos en forma de túneles, además de los edificios propios para la dotación de la Base de Defensas Submarinas. La falta de materiales de construcción alargó las obras hasta el infinito, resultando por desgracia demasiado tarde. Su inauguración definitiva tuvo lugar en 1954, seis años después de la catástrofe, cuando las minas supervivientes de la Explosión de Cádiz fueron llevadas desde las cuevas del Cerro de San Cristóbal, adonde habían sido provisionalmente depositadas, hasta los nuevos almacenes de superficie.
Astilleros de Echevarrieta antes de la Explosión
Horacio Echevarrieta, junto a su socio vasco Isidoro Larrinaga, compraron los astilleros de Cádiz en mayo de 1917, un año y medio después de finalizar la segunda guerra mundial. Para ello, Echevarrieta vendió toda su flota mercante al objeto de dedicarse a la construcción naval, por la que apostaba efusivamente. La escritura se formalizó en Madrid con su anterior propietario, la Constructora Naval Gaditana, siendo el precio de compra 1.310.000 pesetas (7.873,1 €). El perímetro total de los terrenos adquiridos era de 33 hectáreas y 800 miliáreas, a la que se añadían varias parcelas más pequeñas. La destrucción total de la factoría no fue indemnizada por el Estado y solo se le permitió a Echevarrieta la obtención de un crédito a bajo interés, cuyo pago finalmente no pudo afrontar y que le llevó a la ruina, y de ahí a la incautación por parte del Instituto Nacional de Industria.
